La sospecha del Consulado pretende sustituir a la Ley: el TSJ de Madrid anula la denegación de tres visados de residencia no lucrativa y reconoce el derecho de una familia a residir en España
Una madre y sus dos hijas vieron frustrado su proyecto de trasladarse temporalmente a España después de que el Consulado español en Lima cuestionara sus motivaciones personales, pese a reconocer que disponían de recursos económicos suficientes. La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone fin a aquella decisión administrativa y recuerda un principio elemental del Estado de Derecho, pues las sospechas no son hechos probados, ni las conjeturas pueden erigirse en causas de denegación.
Un proyecto familiar de residencia no lucrativa: el caso de una madre peruana y sus dos hijas
El derecho a elegir dónde y cómo vivir, frente al juicio de la Administración
Hay decisiones que pertenecen al ámbito más íntimo de la libertad individual. La de abandonar durante un tiempo la rutina conocida, trasladarse a otro país, ofrecer a los hijos una experiencia cultural distinta o, sencillamente, concederse la oportunidad de vivir de otra manera. Son elecciones que no siempre responden a una necesidad económica, a una ambición profesional o a un proyecto de emigración definitiva.
Cuando esas decisiones implican establecerse en otro país, entran necesariamente en relación con su ordenamiento jurídico. El Estado tiene la potestad de regular la entrada y residencia de ciudadanos extranjeros, establecer requisitos y comprobar su cumplimiento. Pero esa potestad, por legítima que sea, no confiere a la Administración la facultad de sustituir las condiciones fijadas por el legislador por sus propias apreciaciones sobre lo que una persona debería querer, hacer o proyectar para su vida.
Esta es, en esencia, la controversia que ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la reciente Sentencia que hemos logrado desde Sterna Abogados. El pronunciamiento estima el recurso interpuesto en defensa de una ciudadana peruana y sus dos hijas menores de edad frente a la denegación de sus visados de residencia no lucrativa por el Consulado General de España en Lima, anula la resolución impugnada y reconoce el derecho de las tres integrantes de la familia a obtener los visados solicitados.
El origen del litigio se remonta al mes de julio de 2025, cuando una madre presentó, junto con sus dos hijas menores, sendas solicitudes de visado de residencia temporal no lucrativa ante el Consulado General de España. Su propósito era concreto. Pretendían establecerse en España durante aproximadamente un año, sin desarrollar actividad laboral ni profesional, para disfrutar de una etapa de convivencia familiar, conocimiento cultural y enriquecimiento personal. La familia había preparado sus solicitudes, aportado la documentación correspondiente y acreditado la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sufragar su estancia sin necesidad de trabajar ni de recurrir a ayudas públicas.
La solicitante explicó, además, los motivos de su elección mediante una carta dirigida al Consulado. La familia no ocultó sus circunstancias, ni presentó un relato artificioso destinado. Por el contrario, explicó abiertamente el alcance de su decisión y la naturaleza temporal de la residencia pretendida.
¿Por qué el Consulado español en Lima denegó los visados de residencia no lucrativa?
Una denegación construida sobre lo que la solicitante podría llegar a hacer
El Consulado, no obstante, consideró que las razones invocadas por la madre parecían corresponderse más con unas vacaciones que con un proyecto de residencia. También expresó reservas acerca de que las menores interrumpieran temporalmente su formación académica en Perú y permanecieran en España mientras su padre continuaba residiendo en el país de origen.
A estas apreciaciones añadió otras de carácter económico. Aunque admitió que los fondos acreditados superaban los mínimos legalmente exigibles, atribuyó relevancia desfavorable a dos circunstancias: que una parte sustancial del patrimonio procediera de la venta de un inmueble y que la solicitante no hubiera desarrollado previamente una actividad laboral.
Sobre esa combinación de consideraciones, la oficina consular afirmó que no existían suficientes garantías de retorno y que el visado podría servir para facilitar un proyecto migratorio a medio plazo.
Ninguna de estas circunstancias demostraba el incumplimiento de los requisitos legales.
Las sospechas sobre las intenciones de la familia frente a los requisitos legales
La residencia no lucrativa no exige justificar un proyecto vital ante la Administración
El régimen jurídico de la residencia temporal no lucrativa se define como aquella que permite a una persona extranjera y, en su caso, a sus familiares, residir en España sin desarrollar actividades laborales o profesionales. La norma exige, entre otras condiciones, acreditar medios económicos suficientes para el sostenimiento propio y familiar, disponer de un seguro de enfermedad y cumplir las restantes exigencias legalmente previstas.
Naturalmente, la Administración conserva sus facultades de comprobación. Puede examinar la autenticidad de los documentos, verificar la disponibilidad efectiva de los fondos y valorar su procedencia cuando existan circunstancias que lo justifiquen. Lo que no puede hacer es transformar automáticamente la ausencia de un historial profesional en una presunción de incumplimiento, ni sustituir la comprobación jurídica de la suficiencia económica por un juicio sobre la conveniencia de las decisiones patrimoniales de quien solicita residir en España.
El TSJ de Madrid anula la denegación y reconoce el derecho de la familia a obtener los visados
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza las conjeturas consulares
El núcleo de la controversia quedó finalmente reducido a una cuestión. Esto es, determinar si las circunstancias personales descritas por la solicitante permitían concluir, con fundamento suficiente, que su verdadero propósito era distinto de la residencia temporal no lucrativa manifestada.
Tras examinar el contenido de la carta remitida al Consulado, el Tribunal consideró que la interesada había explicado de manera suficientemente clara las razones personales y familiares de su traslado, la duración inicialmente prevista y las circunstancias de su relación con el esposo y padre de las menores, que permanecería en Perú. La Sala observó, además, que no se había celebrado una entrevista con la solicitante que permitiera profundizar en los extremos que habían suscitado las dudas de la Administración. En tales condiciones, consideró improcedente deducir que el verdadero objetivo de la familia fuera distinto del expresamente declarado.
Particularmente significativa resulta la apreciación judicial de que las afirmaciones consulares carecían de elementos objetivos que las respaldasen, incluso por vía de inferencia.
Sobre la base de los hechos acreditados y del marco reglamentario aplicable, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que las solicitantes reunían los requisitos exigidos para obtener los visados de residencia temporal no lucrativa.
En consecuencia, la Sentencia estimó el recurso contencioso-administrativo, anuló la resolución consular impugnada y declaró el derecho de las tres integrantes de la unidad familiar a obtener sus respectivos visados.
Así, cuando los requisitos reglamentarios se encuentran acreditados, su cumplimiento no puede quedar neutralizado por hipótesis sobre las intenciones futuras del solicitante que carezcan de respaldo objetivo.
Por qué contar con un abogado especializado puede cambiar el desenlace de un expediente de extranjería
Detrás de una resolución denegatoria no siempre existe un requisito incumplido. A veces hay un documento indebidamente valorado, una circunstancia personal interpretada fuera de contexto o una conclusión administrativa que, bajo una apariencia de razonabilidad, introduce exigencias que la legislación no establece. Identificar esa diferencia es una de las tareas más relevantes de una defensa jurídica especializada.
El caso examinado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo demuestra con particular claridad. La importancia de una defensa especializada no reside únicamente en conocer las normas, sino en saber identificar cuándo una decisión administrativa se aparta de ellas, qué pruebas permiten demostrarlo y qué pretensión jurídica resulta verdaderamente adecuada para restablecer los derechos e intereses afectados.
En materia de extranjería, esa labor adquiere una dimensión especialmente delicada. Pues las resoluciones administrativas no se proyectan sobre situaciones abstractas, sino que afectan a familias que han organizado sus vidas, comprometido recursos económicos, previsto traslados y construido expectativas legítimas sobre la base de una regulación determinada.
Por eso, el asesoramiento jurídico no debería comenzar necesariamente cuando llega una denegación. Una adecuada planificación del expediente permite anticipar posibles objeciones, documentar rigurosamente la procedencia y disponibilidad de los recursos económicos, justificar las circunstancias familiares y ofrecer a la Administración una exposición coherente, precisa y suficientemente acreditada del proyecto de residencia.
En Sterna abogados abordamos cada procedimiento de extranjería desde una perspectiva integral, que comprende no solo la preparación documental de la solicitud, sino también el análisis jurídico de sus particularidades, la prevención de posibles incidencias y, cuando resulta necesario, la defensa de nuestros clientes frente a las decisiones de la Administración.
A partir de ese análisis, diseñamos la estrategia más adecuada, tanto en vía administrativa como ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, valorando las posibilidades de obtener la anulación de la denegación y, cuando jurídicamente proceda, el reconocimiento directo del derecho a la autorización solicitada.