Mediante el acto administrativo denominado legalización se otorga validez a un documento público extranjero por parte de un funcionario que comprueba la autenticidad de la firma puesta en el documento así como la calidad de la autoridad firmante del documento.
En principio, para que un documento público extranjero sea válido en España es necesario que sea legalizado, salvo que se exima de tal obligación salvo que se exima de esa obligación en instrumento jurídico. Del mismo modo, un documento público español también debe ser legalizado para que sea válido en el extranjero.
En aras de facilitar la legalización de documentos públicos los países firman convenios para simplifica este tipo de trámites. Es el caso del Convenio de La Haya por el que los países miembros establecen la supresión de la legalización para el reconocimiento mutuo de documentos, haciendo falta un mero sello o apostilla.
Los documentos que pueden legalizarse son tanto los originales como las copias auténticas expedidas por las Autoridades de la Administración Pública emisoras, además de los testimonios de autenticidad por exhibición realizados por Notario. Son ejemplos de documentos que pueden ser utilizados en el extranjero una vez legalizados las actas de nacimiento, matrimonio o defunción, escrituras, etc.